Delitos ambientales: Una deuda pendiente del sistema penal
El Ministerio de Seguridad de la Nación creó días pasados la Unidad de Análisis y Prevención y una Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales, a través de la Resolución 19/2023, la cual establece que dicha Mesa “tendrá por objeto principal detectar y prevenir las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales”.
“La resolución publicada por el Gobierno Nacional es de suma importancia y una oportunidad para reabrir un debate histórico en la agenda ambiental: la incorporación de delitos ambientales en el Código Penal”, explica Giselle Munno Dithurbide, abogada e integrante de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Munno Dithurbide explicó que cuando hablamos de delito, nos referimos a un acto o conducta expresamente penada por la ley, en un tiempo y lugar determinados. Entonces, los delitos, para ser calificados como tales, deben estar encuadrados en un tipo penal.
En este sentido, desde FARN, hicieron hincapié en que para evaluar y prevenir delitos ambientales, como propone la norma, estos deben estar tipificados; de lo contrario, su abordaje permanece inconcluso. Al día de hoy, en Argentina no se encuentran regulados los delitos ambientales como tales. Sí existen diversos proyectos de ley que buscan incorporarlos al Código Penal.
Si bien el Código Penal prevé delitos que se vinculan con cuestiones ambientales, el bien jurídico protegido es la salud pública y no el ambiente en sí mismo. Por ejemplo: el Código Penal contempla el envenenamiento o adulteración de aguas potables, alimentos o medicinas. También existen normas que penalizan el maltrato animal.
“Desde la sociedad civil y el tercer sector, es oportuno exigir que ante la comisión de un delito ambiental, exista también un derecho penal con reglas claras al momento de procesar responsables”, agregó Munno Dithurbide.
Además, explicó que la justicia ambiental significa garantizar herramientas legales que permitan el procesamiento de personas que resulten responsables ante la comisión de delitos ambientales.
“No podemos investigar ni dar seguimiento a delitos que no están tipificados”, finalizó la abogada.
